De `Pico y placa´, el ordenamiento del transporte en Lima

A más de mes y medio desde que fuera implementada la ordenanza metropolitana que restringe el tránsito de algunos vehículos en ciertas vías de la capital, los resultados obtenidos a la fecha son de todo tipo. Desde los positivos que analizan un mayor flujo vehicular en arterias importantes de la ciudad, según declaraciones del Alcalde Muñoz, que menciona que se aumentó de una velocidad promedio de 16 km/h a 20km/h en las vías donde se aplica la restricción; como los negativos, que mencionan hasta un 25% de aumento del flujo vehicular en vías alternas del distrito de San Isidro, por ejemplo.

Fuera de este primer pantallazo, debemos ser conscientes de que esta medida aún no puede ser evaluada en su real dimensión, mientras que permanezcan los carriles exclusivos para los vehículos que operaron para la movilización hacia las sedes de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, los cuales –en teoría– deberían ser retirados el 5 de setiembre.

Lo que nos queda claro a aquellas personas que nos transportamos por dichas arterias con restricción, es que el tráfico es mucho más denso para llegar, por ejemplo, desde la VIDENA (Villa Deportiva Nacional) en el distrito de San Luis, hasta el complejo habitacional para los deportistas ubicado en el distrito de Villa El Salvador; haciendo que dicho recorrido en transporte público sea hasta un 30% mayor de acuerdo a estadísticas propias de quien se moviliza por esta arteria desde antes de implementada la medida.

Y al margen de si la medida funciona o no, lo más alarmante es ver que pese al supuesto estudio y análisis que se hizo para aplicarla, esta medida se haya modificado una y otra vez en materia de uso de horarios, tipo de vehículos que puedan transitar e inclusive cambio de límites de las vías con restricción, generando confusión y desconcierto entre quienes manejan y deben acatar las normas.

Todo esto nos hace suponer que la medida fue hecha para darle a Lima una imagen internacional de transito más decente ad portas de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, puesto que está catalogada como la tercera ciudad con la congestión vehicular más grande del mundo. Esto lo afirmamos al percibir cómo se usaron los carriles «exclusivos» para los vehículos de transporte oficial para los juegos, en una proporción descomunal a favor de los atletas para que lleguen a tiempo a sus justas deportivas y en desmedro del común de la gente que se transportaba por las vías alternas y paralelas saturadas para hacer sus actividades diarias, suponemos menos importantes para la comuna limeña como ir a laborar, por ejemplo.

Como lo dijimos al principio aún debemos evaluar qué pasará cuando se eliminen los carriles exclusivos y la medida termine de «mutar» de acuerdo a los intereses de unos y otros. Lo que nos queda claro es que el criterio de planificación no ha primado en esta medida, y lo que se buscó fue solo generar un remedio temporal que, como tantos otros, no tendrá ningún efecto real si no se ataca el tema de fondo que es la reforma del transporte, en la que realmente, nos corresponde que «juguemos todos».

desco Opina – Regional / 6 de setiembre de 2019

Programa Urbano

Jugamos todos

Entre el 26 de julio y el 11 de agosto se desarrollarán en la ciudad de Lima los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, evento deportivo internacional donde participarán delegaciones de 41 países de América, calculándose que tomarán parte de él un promedio de 10 000 deportistas en las diversas disciplinas, además de público asistente extranjero y prensa internacional que viene a la justa deportiva más importante del continente americano. Se calculó originalmente una inversión de 5000 millones de soles, entre obras en las sedes deportivas, así como en las vías por las que transitarán quienes participarán en los juegos, según detalla el Plan Maestro de los Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo, para marzo del 2019, la inversión se recalculó a un monto menor que el proyectado originalmente, generando de esta manera un ahorro de alrededor de 1000 millones de soles.

El Plan Maestro señalaba en sus recomendaciones que se necesitaba planificar la finalización de las sedes con una antelación de seis meses previos al inicio de los juegos, pero la mayoría de ciudadanos que transitamos por la ciudad, vimos que a poco de iniciarse el evento deportivo aún se está trabajando en la mayoría de obras. La Contraloría General de la Republica advirtió en el mes de mayo que de las dieciséis obras viales planteadas para este evento, ocho no se culminarían dentro del plazo establecido, siendo proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A pesar de los retrasos y las diversas críticas que podamos hacer frente a un proceso en el cual hay responsabilidades de dos gestiones metropolitanas y dos gobiernos nacionales; podemos referir que la infraestructura desarrollada en el marco de los Panamericanos, será un legado para los actuales y nuevos deportistas, quienes podrán beneficiarse de las instalaciones. En ese contexto se requiere la acción colectiva de la ciudadanía a través de sus organizaciones para cuidar la inversión pública, de manera que no se conviertan en lo que comúnmente se denomina «elefantes blancos». Para ello será necesario pensar en el mantenimiento y articulación urbana de aquellas obras que, de la noche a la mañana, se han construido sin ningún criterio social o cultural del territorio en el cual se ha intervenido.

Pero vayamos más allá de planteamientos de vigilancia ciudadana o de mejora de entornos urbanos y pensemos en como el país (a través de nuestros gobernantes) ganará prestigio internacional y visibilizará a Lima como una ciudad moderna, sostenible y equitativa para sus habitantes. Ojala en el futuro podamos tener importantes inversiones como por ejemplo, para promover el acceso a vivienda adecuada para familias de escasos recursos; en ese sentido con una inversión de 4000 millones de soles, se podría facilitar el acceso a 176 748 familias al Bono Familiar Habitacional que es la modalidad del Programa Techo Propio dirigida a las familias que tienen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda.

Es decir, se podría cubrir con creces a través de este tipo de programa, la demanda efectiva de vivienda que el Fondo Mi Vivienda ha identificado en 163 000 unidades habitacionales para Lima y el Callao.

Este simple ejercicio nos puede ayudar a ver que, si se trata de prioridades, la inversión pública, se debe de orientar a resolver los graves problemas que afectan a las mayorías empobrecidas de nuestras ciudades. Queda pendiente ver si para el próximo año, podemos cambiar el lema «Jugamos todos» por el de «acceso a vivienda adecuada para todos» o, también, a salud, educación y justicia para todos.

desco Opina – Regional / 26 de julio de 2019

Programa Urbano

1, 2, 3, frío otra vez

A pesar de que el próximo viernes empieza recién la época invernal en todo el país, en la ciudad capital venimos registrando el descenso de la temperatura desde finales del mes pasado con las ya clásicas lloviznas que acompaña el invierno limeño. Tan clásico como este cambio estacional, es la campaña que se genera en torno a la ayuda que se debe brindar a aquellas personas de escasos recursos que viven en zonas periurbanas de la ciudad, con la característica peculiar de ser espacios en los que se concentran altos niveles de humedad y en los que se sufre de manera más intensa los embates de la temporada más fría de la capital.
Lo alarmante de esta situación es que desde hace años, otro clásico al que podemos hacer referencia, es que cuando uno trata de registrar noticias sobre los altos niveles de afectación para este grupo de poblaciones vulnerables, los medios de comunicación centran su atención en la zona denominada Ticlio Chico, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Año tras año las acciones de ayuda y apoyo a esta zona de la ciudad se dan de manera constante, desde campañas de vacunación y de entrega de ropa abrigadora de este año o la declaratoria de emergencia del año pasado, solo por citar algunos ejemplos.
Si bien creemos que es importante la ayuda que se brinda en esta zona de la ciudad, la realidad es que son muchos más los asentamientos humanos que con similares condiciones de vulnerabilidad vienen siendo dejados de lado. Esta afirmación la hacemos con pruebas, puesto que ya hace algunos años desco realizó un estudio sobre la temperatura y nivel de humedad en dos barrios de características socioeconómicas similares a las de Ticlio Chico, demostrando que los niveles de afectación producto del cambio estacional, son una realidad que afecta a decenas de miles en toda la ciudad.
En todo caso, y a pesar de que empezamos a percibir un cambio respecto al reconocimiento de las zonas de Lima en las que familias de escasos recursos son afectadas por la crudeza del invierno capitalino, creemos que, en lo referido a visibilizar el problema fundamental concerniente a los bajísimos niveles en materia de condiciones de habitabilidad, se hace poco o nada. En ese sentido, es necesario cambiar el enfoque «humanitario» que nos moviliza cada invierno a donar frazadas y colchas, pues si bien son importantes las campañas solidarias como la que actualmente viene promoviendo la comuna metropolitana, estas resultan siendo paliativos temporales a la problemática de fondo, como es el hecho de garantizar vivienda y servicios adecuados para «ciudadanos» de escasos recursos de Lima. Para ello es necesario empezar a pensar e implementar políticas integrales de habitabilidad, las cuales sirvan de una manera más efectiva que los «placebos» que cada invierno se aplican y que se diluyen de la misma forma como llegan; con el cambio de estación.

desco Opina – Regional / 14 de junio de 2019
Programa Urbano

Apagando incendios en una ciudad en llamas

a tarde del pasado viernes 19 de abril, mientras muchos probablemente tomaban un descanso por los días feriados de Semana Santa, se producía un incendio de proporciones en el cercado de Lima, el cual movilizó a una importante cantidad de bomberos que tuvo grandes dificultades para llegar al lugar del siniestro debido a las características de la zona en la que se producía. En horas de la noche del mismo Viernes Santo, se informaba que el incendio estaba fuera de control y se requería la participación de todas las unidades de bomberos de Lima y Callao. Luego de una ardua labor, se confirmó que el siniestro venía siendo controlado y se contó en el lugar con la presencia no solo del alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, sino también del presidente Martín Vizcarra, y los ministros del Interior y Salud quienes brindaron sus declaraciones manifestando preocupación por lo sucedido. Si bien este hecho no cobró vidas humanas, los primeros momentos hicieron recordar la tragedia ocurrida en la misma zona hace 18 años, cuando en un gran incendio perdieron la vida 267 personas según cifras oficiales, demostrando el alto nivel de vulnerabilidad y poca preparación por parte de todos los ciudadanos para enfrentar los peligros que se pueden producir por la falta de implementación de medidas mínimas de seguridad.

Este tipo de problemas son, lamentablemente, más recurrentes de lo que podríamos imaginar, ya que desde abril del año pasado hasta la fecha, se han producido por lo menos 19 siniestros de consideración entre Lima y Callao, sin que esto haya servido para evaluar la pertinencia y capacidad de las unidades, gerencias o direcciones de gestión de riesgo y de Defensa Civil que operan en cada una de las municipalidades del conurbado metropolitano Lima Callao, en materia de asesoría y control de los protocolos de seguridad necesarios ante la ocurrencia de un siniestro.

Más allá de la estrategia de inspección y suspensión de licencias de funcionamiento a infractores de las normas o la propuesta de reordenamiento que se viene ejecutando desde hace un par de semanas en la zona del siniestro, el problema de fondo que muestra este caso, es el de una pugna entre fiscalizadores ediles que tienen una serie de normativas estandarizadas para que todos cumplan –sean grandes o pequeños comercios con gran o poco flujo de personas– y, por otro lado, un grupo de comerciantes que lo único que ven es exigencias y sanciones que consideran exageradas para la labor y actividades que realizan. Este hecho genera confrontación y tensión sobre deberes y derechos en una ciudad donde nunca se ha discutido a profundidad cuáles son los parámetros sobre los que vivimos en esta metrópoli; sobre todo, porque no hemos podido evaluar con mayor objetividad la pertinencia de los requerimientos que se solicitan, más allá de que tanto propios como extraños lo ven como una lista de cumplimiento y no como medidas de prevención reales que nos puedan servir ante la ocurrencia de un peligro.

Hay que destacar también, que de nada servirá que se genere un plan de reordenamiento en Mesa Redonda si no se entiende lo mencionado en el párrafo anterior. Claro ejemplo de ello es lo ocurrido hace algunos meses cuando se realizó un plan de erradicación de ambulantes en Gamarra, el cual lo único que ha conseguido es generar el traslado de ambulantes a las afueras de este damero comercial, con los problemas de tránsito y congestión que se generan alrededor del mencionado emporio comercial textil.

Por eso, es necesario que se entienda que el problema de la gestión de riesgos no es un tema de licencias y permisos, sino de compromisos asumidos por los ciudadanos para hacer de nuestro hábitat un lugar seguro, mientras que esto no se comprenda de esta manera, seguiremos siendo testigos de tragedias que cada cierto tiempo nos estamos acostumbrando a lamentar.

desco Opina – Regional / 3 de mayo de 2019

Programa Urbano

Un cuento sin fin de reformas de transporte

En noviembre pasado el Congreso de la República aprobó por unanimidad la creación de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao – ATU, con el objetivo de contar con un sistema único e integrado que ayude a acabar con el caos imperante en materia de transporte en la ciudad. Para dar operatividad a este nuevo organismo se propuso dar un plazo de 60 días para que el Ejecutivo aprobara la ley, y 120 días como máximo para aprobar el reglamento de operación y funciones.

Para lograr los objetivos propuestos, el último día del año pasado, se aprobó la conformación del equipo técnico de trabajo para la denominada «Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana para el Desarrollo del País» con miras a generar un espacio de diálogo y de formulación de propuestas de manera participativa entre el sector público y el privado. Este espacio tiene un carácter temporal y aún no ha demostrado las bondades de su conformación, pese a que los temas de educación vial y el aporte que deberían dar en la implementación de la ATU son sus objetivos primordiales.

En esa coyuntura y a pesar de las buenas intenciones de parte del Gobierno Central y del Metropolitano de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao pretende presentar una acción de inconstitucionalidad antes de que venza el plazo para que las municipalidades de Lima y Callao cedan bienes y recursos a la nueva Autoridad de Transporte Urbano, el cual se cumplirá el próximo 28 de marzo.

El sustento de la comuna chalaca se basa en que no solo se le transferirán funciones a la ATU, sino también, bienes y fondos que actualmente forman parte del patrimonio municipal. En ese sentido, cabe preguntarse si actualmente las competencias y funciones que desempeña la comuna chalaca, benefician de manera integral al problema del transporte que vivimos día a día en el conurbado Lima – Callao; por ello es que el reclamo nos parece poco serio y más aún desatinado, pues podría retrasar la eternamente esperada reforma del transporte urbano en nuestra ciudad.

Si bien el pasado 8 de marzo se aprobó el reglamento de la ley que crea la ATU, habrá otros 90 días adicionales para lograr unificar el sistema en aspectos referidos a integración física, operacional, tarifaria y de medios de pago del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Falta mucho camino por recorrer para lograr una verdadera reforma del transporte urbano en la capital y esto se ve reflejado cuando a diario aparecen noticias sobre las horas perdidas en el tráfico de la ciudad, los accidentes que se registran cotidianamente con saldos lamentables o situaciones insólitas como las cometidas por «la bestia de Petit Thouars».

Todo esto debería llevarnos a reflexionar acerca de lo que representa el caos y desorden urbano en nuestra ciudad, y que de hecho está relacionado –lo afirmamos– a la naturalización que hemos asumido como ciudadanos de esta metrópoli, en la que el transporte subestándar es algo aceptado como la única manera de dar solución a nuestro problema de movilidad. En ese sentido, también podemos afirmar que una parte importante de la solución del problema radica en la capacidad que tenemos todos los que vivimos en la ciudad de exigir nuestros derechos.

Una mayor calidad en el servicio de transporte que actualmente nos brinda la ciudad no se solucionará solamente con las buenas intenciones y la unificación de los mecanismos de control estatal, sino que exige también, la movilización social y la protesta pública si la reforma no se concreta, porque si no asumimos el compromiso, contribuiremos a que «la bestia» siga circulando por toda la eternidad.

desco Opina – Regional / 22 de marzo de 2018

Programa Urbano

Un verano en Lima Flowers

La ciudad de Lima acaba de cumplir 484 años de fundación y sus retos son casi los mismos que décadas atrás, ante los cuales el alcalde saliente –Luis Castañeda Lossio– no solo demostró su incapacidad para hacerles frente y solucionar serios problemas, sino que, por el contrario, los agudizó; promovió la mafia del transporte informal y en paralelo, impulsó proyectos como el Metropolitano que no llegó a culminar adecuadamente permitiendo a los operadores privados demandar a la Municipalidad de Lima por ello.

La gestión de Castañeda Lossio será recordada no sólo como la del alcalde mudo que hacía obras y las pintaba de amarillo, sino también, como la de aquél que consolidó la informalidad en el transporte público, arraigó la irracionalidad en la gestión urbana de la ciudad construyendo puentes donde no eran necesarios, y afectó la estética limeña borrando murales artísticos, etc. Por otro lado, ahora sabemos que muchas de las acusaciones en su contra, las libraba gracias a jueces como los que integraban la banda de los cuellos blancos. En ese sentido, tenemos la esperanza de que la justicia peruana cuente con los mecanismos de control adecuados y se pueda auditar el manejo de recursos públicos y las obras para que, por ejemplo, casos como el de Comunicore, no queden en la impunidad.

Ya durante las elecciones pasadas, y luego, en el marco del aniversario de Lima, diversos medios de comunicación han mostrado que para la mayoría de habitantes de la ciudad, problemas como el aumento creciente de la delincuencia e inseguridad ciudadana, sumados a una precaria atención de los problemas ambientales urbanos y un sistema de transporte colapsado, ponen en evidencia lo poco o nada que se hizo desde la anterior gestión para atender las urgencias de la ciudad.

El flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, a poco más de un mes del inicio de su gestión, ha tenido que enfrentar problemas que van desde la ausencia de teléfonos en la municipalidad, hasta atender la inundación ocasionada por la rotura de una tubería matriz de desagüe en San Juan de Lurigancho. Al mismo tiempo, tenemos en la metrópoli los problemas derivados de la irresponsabilidad de muchos de los alcaldes salientes de los distritos de Lima, quienes abandonaron las responsabilidades frente a sus comunas dejando, por ejemplo, a la ciudad desbordada de basura luego de las fiestas de fin de año y con obras inconclusas o atrasos en su avance. Un caso urgente es el de la infraestructura de cara a los Juegos Panamericanos ad portas, motivo de gran preocupación si no se culminaran en su totalidad en el plazo previsto.

El actual teniente alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero, quien ha ocupado cargos importantes en el Ministerio de Vivienda (en 1971 junto a un equipo técnico del gobierno del General Velasco, contribuyó en el diseño arquitectónico de la que más adelante sería la ciudad de Villa El Salvador), seguramente planteará medidas para enfrentar adecuadamente el crecimiento urbano de la ciudad.

Por ello, esperamos que en el marco de las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se preparen propuestas de esta envergadura. Que se atienda el mejoramiento de las viviendas y no se limiten a la búsqueda de terrenos para un nuevo asentamiento humano; al respecto no está de más recordar las orientaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de Naciones Unidas que propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, temas que son aspectos clave como los que propone la Nueva Agenda Urbana, la cual busca promover ciudades incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y el diseño urbano adecuado, en un marco de gobernanza y legislación urbana y de promoción de la economía de la ciudad, procurando crear un vínculo de refuerzo recíproco entre los procesos de urbanización y desarrollo.

El partido recién comienza para el alcalde Jorge Muñoz Wells y el tiempo para que los equipos técnicos se afiancen prácticamente no existe, pues los problemas de la ciudad que afectan la calidad de vida de sus habitantes están muy presentes, y las demandas se harán sentir seguramente antes de culminar el verano. El Lima flowers que en algún momento planteó durante su campaña electoral como ofrecimiento de hacer de Lima un Miraflores, es un enorme reto que debe empezarse atendiendo lo básico de la ciudad.

desco Opina – Regional / 8 de febrero de 2019

Programa Urbano

La movilidad urbana en la ciudad de Lima

El Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC), más conocido por todos como Metropolitano, difunde en su página web que los usuarios reciben como beneficio el ahorro de tiempo, calidad de servicio, trato humano e inclusivo y protección al medio ambiente. Pero para quienes usamos regularmente este medio de transporte público, nos queda claro que este sistema ha colapsado y su uso no significa para nada un ahorro de tiempo en sus viajes, debido a las interminables colas en los paraderos iniciales. Además, la calidad del servicio y el trato humano no son características que puedan ser fácilmente identificables, cuando a diario se registran quejas por parte de los usuarios sobre el mal trato en este medio de transporte. Quizá el único elemento rescatable pueda ser el uso de Gas Natural Vehicular (GNV) en los buses del sistema que, seguramente, contribuyen a una menor contaminación del aire de la ciudad.

Es preciso recordar que el proyecto del Metropolitano fue propuesto inicialmente por el alcalde Alberto Andrade Carmona, en su campaña del año 2001 a la alcaldía de Lima; mientras que el actual alcalde, Luis Castañeda, –quien fue un duro crítico de esta propuesta en la misma campaña electoral– lo retoma en su segundo mandato como burgomaestre en el año 2010. Para lograrlo usó fondos de la Municipalidad de Lima y financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial; tras su inauguración al final de su segundo mandado, reconoció que el sistema vial duplicó su monto inicial de 135 millones de dólares (más de 400 millones de soles) a 300 millones de dólares (cerca de mil millones de soles).

El pasado 7 de noviembre subió el precio del pasaje, en medio de la indignación y notoria mortificación del público usuario y pese a la oposición mostrada por la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Así, los usuarios pagarían S/ 2.85 en la tarifa general y el pasaje de las rutas alimentadoras aumentaría de S/ 0.50 a S/ 0.55. Con una rapidez inusitada –seguramente motivada por la presión mediática– el alcalde Castañeda anuncio el pasado 9 de noviembre que el pasaje volvería al precio original e incluso que devolverían a los usuarios el monto adicional cobrado durante los días de alza.

Sin embargo, el problema de fondo trasciende el mero tema de los pasajes, que constituye solo uno de los aspectos del sistema que tiene que ser reformado. Las empresas concesionarias del Metropolitano han anunciado un proceso arbitral que seguramente ganarán y los perjudicados, como siempre, serán los ciudadanos. En ese contexto debemos estar atentos, puesto que ya en mayo de este año, los operadores del Metropolitano ganaron cuatro de los cinco arbitrajes presentados contra la Municipalidad de Lima por incumplimiento de contrato, obligando a la comuna al pago de 230 millones de soles aproximadamente.

El recién juramentado alcalde de Lima para el periodo 2019–2022, Muñoz Wells, ha manifestado que: «Ninguna información he recibido por parte de la Municipalidad de Lima, toda la documentación que tengo hoy es de terceros. Hay una problemática muy seria y esto podría terminar afectando lo que es la operación del Metropolitano».

Esta coyuntura nos hace pensar en la clase de autoridades que venimos eligiendo en los últimos años y lo poco efectivas que resultan gestiones como la de Castañeda Lossio, acostumbradas a trabajar por intereses particulares, con una visión que reduce el desarrollo de la ciudad a un conjunto de obras sin sentido, como el bypass de la avenida 28 de julio.

En diciembre próximo culmina el tercer periodo de Castañeda Lossio como alcalde de Lima, gestión que –sin lugar a dudas– deja atrás su imagen de «mejor alcalde del Perú», supuestamente ganada en las dos gestiones anteriores en las que bajo la premisa «roba, pero hace obras» interiorizada en el común de la gente, era la única forma de lograr la mejora de la ciudad. Creemos que la ciudadanía ha empezado a pensar más allá de las obras y, poco a poco, viene entendiendo la importancia de la planificación y el orden necesarios para producir e impulsar una ciudad más justa y equitativa.

desco Opina – Regional / 16 de noviembre de 2018

Programa Urbano

Lima en anemia: un problema de comidas y alimentos

Entre el año pasado y el primer semestre del presente año el nivel de niños anémicos menores de 3 años ha aumentado de 33% a 41% en Lima Metropolitana, cifras alarmantes que dan a conocer el alto nivel de desnutrición que sufren los infantes en la primera etapa de su desarrollo, afectando su calidad de vida en el futuro. Un dato por demás importante a mencionar es que cada cuatro de diez niños a nivel nacional sufren de anemia, con lo que el promedio nacional oscila el 46%, cifra que se ha incrementado luego de que hubiera una disminución progresiva entre los años 2015 y 2017, y que con las nuevas cifras hacen más difícil poder llegar a la meta de 19% propuesta para el 2021.

En el caso de Lima Metropolitana, los cuatro distritos priorizados para intervenir a través del Plan Multisectorial para atacar la anemia son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Carabayllo y San Juan de Lurigancho, distritos de mayor pobreza en la ciudad en los que la capacidad de poder enfrentar este problema se hace más compleja, aunque es necesario destacar que esta situación es generalizada, pues distritos de mayores recursos económicos como San Borja, Miraflores, San Isidro y Magdalena, también han reportado un incremento de la anemia; así, en la capital la cifra de niños con este mal se elevó un 8%.

Esta situación no hace más que evidenciar que el problema fundamental no radica esencialmente en la pobreza sino en la mala alimentación de los infantes y peruanos en general, producto de la inadecuada disponibilidad en cantidad y calidad así como de la falta de accesibilidad de los productos que demanda la población según sus necesidades, por edades y actividades: se promueven hábitos alimenticios que priorizan comidas que «llenen el estómago», más que aquellas que contengan los nutrientes esenciales para una correcta alimentación.

Gran parte de esta situación está en la promoción de una «cultura» (si es que puede denominarse de esta manera) de la comida rápida. Por otro lado, los mínimos controles de calidad que debiera hacer el Estado respecto a los alimentos que consumimos no se lleva a cabo y la poquísima inversión que se realiza en este rubro está dedicada a certificar los alimentos que exportamos. Asimismo, es poco o nulo el control nutricional y un ejemplo del mismo es haber visto con indignación cómo el Estado abdica en sus roles y no impone condiciones a una industria alimentaria oligopolizada que se niega a cuestiones tan básicas como informar a los consumidores sobre los compuestos de sus productos, a pesar de los escándalos de la leche que no es leche de hace más de un año y los intentos por poner etiquetado semáforo en los productos envasados para saber los niveles de grasa, sales y azúcares que contienen.

Es decir, no se ha tomado en serio el grave problema que aqueja en general a nuestro país en estos tiempos en materia de alimentación, generando la paradoja de ser uno de los mayores destinos gastronómicos del mundo y, en paralelo, tenemos a una parte importante de nuestros niños en situación de desnutrición crónica y anemia a lo que se suma actualmente crecientes tasas  de obesidad y sobrepeso

Entonces, el mercado de comidas rápidas y de alimentos sin certificar es presentado como una alternativa barata, sin reparar la hipoteca hacia el futuro que estamos formando con esa situación en donde nadie garantiza la calidad mínima que deben tener. En todo caso, quizá habría que ponerse a pensar si en estos tiempos, el problema ya no radica en morir porque no hay que comer, sino que quizá el problema sea que uno se muere por lo que come. Esta es una discusión que se hace más que urgente en la agenda pública nacional, por lo que una de las principales campañas que debe promover el gobierno, deber centrarse en el cambio de los hábitos alimenticios, como parte de una estrategia de mediano y largo plazo.

desco Opina – Regional / 8 de octubre de 2018

Programa Urbano

El papel aguanta todo: apatía electoral

A menos de dos meses de la fecha prevista para la elección de las nuevas autoridades tanto a nivel local como regional, el grado de interés de la ciudadanía en este tema parece adormecido y sin reacción alguna; ni siquiera a raíz de las últimas noticias sobre los actos de corrupción que salieran a la luz en el distrito de La Victoria, hecho que permitió visibilizar una inmensa red delincuencial cuyo cabecilla era nada más y nada menos que el Alcalde de la comuna Victoriana.

Lamentablemente, este no es un acto aislado, sino que se suma a los ya más de 2289 gobernadores y alcaldes investigados por actos de corrupción. Se trata de autoridades tanto en ejercicio, como también quienes ya han dejado sus cargos, y que representan un número significativo si consideramos el grave daño que han causado en la estructura de funcionamiento tanto de gobiernos regionales como distritales. Lima ocupa el tercer lugar de la lista con 197 autoridades que llevan carga procesal.

En esta coyuntura es que se ha venido promoviendo la firma de diversos documentos como una manera de dar mayor credibilidad a los compromisos que asumen los candidatos frente al electorado, e intentar «controlar» en la medida de lo posible los actos de corrupción que tanto daño hacen a la democracia. Así, el pasado 13 de agosto se firmó el Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, que fue suscrito por 18 de los 20 candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana en el marco de la promoción de la transparencia en esta justa electoral.

En esa misma línea, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza viene promoviendo la firma del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano 2019 – 2022 ante cada uno de los candidatos al sillón municipal metropolitano. Si bien ambas iniciativas son positivas, el hecho de suscribirlas y no acatar lo que en ellas se promueve, explica en parte el desencanto del electorado y la fuerte apatía que podemos detectar a pesar de encontrarnos prácticamente en el inicio de la recta final del proceso electoral.

La sensación generalizada de que el papel aguanta todo y que nadie cumple su palabra –peor aún, que no hay quien los obligue a hacerlo– es el común denominador entre gran parte de la ciudadanía. Así las cosas, los electores pierden interés en evaluar y analizar los planes de gobierno de los candidatos, pues están convencidos de que nada de lo que figure en ellos será cumplido. A pesar de los esfuerzos y campañas comunicacionales en favor de promover un voto a conciencia e informado, la apatía se refleja cuando se presentan los datos de las últimas encuestas que ponen al principal candidato a la alcaldía limeña con 16% de intención de voto, seguido por un contendiente con 10% y el resto de 9% a menos, lo que demuestra la poca credibilidad e interés por parte del electorado en general.

Sumado a ello, el alto número de candidatos “dispersa tremendamente” la votación, por lo que se estima que quien llegue a ganar la elección, lo hará con no más del 25% de respaldo. Cabe agregar que el escenario político está saturado por el tema de la corrupción en el Poder Judicial y las pugnas entre el Congreso y el Ejecutivo, de modo que los comicios no son hoy, la preocupación central de la ciudadanía.

Al margen de lo antes expuesto, hay iniciativas locales que vienen promoviendo debates entre los diversos candidatos que aspiran a lograr una alcaldía, tal es el caso del distrito de Lurín, en el que viene desarrollándose una iniciativa impulsada por varias organizaciones sociales de base, que preocupadas por la coyuntura y el descrédito en la política, han optado por organizarse para promover un espacio donde puedan evaluar y analizar las propuestas de los aspirantes al sillón municipal de su distrito. Estamos seguros y convencidos de que, así como ellos, en otros distritos hay ciudadanos que se preocupan y quieren saber quiénes serán las futuras autoridades de su comuna. Mientras que esto suceda, creemos firmemente que aún hay esperanzas de revertir la idea generalizada de que la única manera de hacer política, es mediante el engaño y la corrupción.

desco Opina – Regional / 24 de agosto de 2018

Programa Urbano

Llegaron las elecciones

El pasado 19 de junio fue la fecha final que tenían todas las agrupaciones, movimientos y partidos políticos que deseaban participar del proceso electoral municipal y regional en octubre del 2018. Llegaron a inscribirse 21 listas en Lima Metropolitana de acuerdo al portal web del JNE. Mientras se redactaba la presente nota, cuatro de ellas figuraban como inscritas, es decir con sus documentos ingresados, tres como improcedentes al haberse detectado errores e inconsistencias en la documentación presentada, y solo trece como admitidas para participar del proceso electoral.

Similar proceso se viene dando a nivel local en donde de los distritos de Lima Sur, Lurín y Villa María del Triunfo cuentan cada uno con 18 agrupaciones políticas en contienda, mientras que San Juan de Miraflores y Villa El Salvador tienen en cada caso 20 agrupaciones participando del proceso electoral.

Un análisis superficial de estos datos podría concluir que la multiplicación de listas obedece a un alto interés de participación de ciudadanos que, comprometidos con el desarrollo local de la ciudad, han tomado la decisión política de concurrir a las elecciones para mejorar su distrito. Esta primera impresión se revela errónea si constatamos que la mayoría de ciudadanos de a pie, ve con indiferencia y hasta con recelo la gran cantidad de candidatos que pugnan por hacerse del cargo municipal. Recordemos que en la última encuesta de GfK, el 70% sospechaba de la corrupción de su alcalde actual y el 52% no mostraba ninguna motivación en ir a votar.

A ello se añaden los ajustes normativos aprobados por la mayoría fujimorista en el Congreso, que en 2015 impulsó la reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución, para prohibir la reelección inmediata de autoridades municipales y regionales, respondiendo a las denuncias de corrupción ocurridas en ese momento en distintas jurisdicciones como Tumbes y Áncash, considerando que los gobiernos de turno que se perpetuaban en el poder eran más propensos a la corrupción. Si bien la norma parecía atender el problema, hemos visto como la «habilidad» de los actuales gobernantes se ha puesto de manifiesto al usar mecanismos y estrategias aprobadas por el mismo Congreso, como la posibilidad de tener dos domicilios legales para perpetuarse en espacios de poder. Así, los electores hemos sido espectadores de como alcaldes de un distrito se han hecho candidatos del distrito vecino, o como otros han puesto a sus hijos y esposas, restando mérito a un proceso que ya de por sí es cuestionado por la ciudadanía en general.

En este escenario poco auspicioso, es que se hace necesario que estemos alertas sobre quiénes son los candidatos y qué propuestas tienen, pero sobre todo a qué intereses representan. El pasado reciente deja claro que estos no son necesariamente los de la ciudadanía y el bien común de la ciudad, lo que nos interpela sobre la relación y responsabilidad que tenemos a la hora de elegir a nuestras autoridades. La acción política colectiva la hemos dejado hace mucho tiempo al mercado, que por su lógica nos trata como consumidores y usuarios. Pensar a estas alturas que las cosas van a cambiar porque vendrá un salvador a nuestras vidas (en este caso en las elecciones) es esperar que los mejor preparados para hacer «negocios» y los más mafiosos, sigan ocupando los cargos públicos en nuestra ciudad.

La corrupción se encuentra entre nosotros desde hace mucho tiempo, solo que ahora la vemos en videos y la escuchamos en audios, como lo evidencia la siniestra relación que existe entre los integrantes de las mafias más peligrosas del país y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, mostrando un mercado de sobornos y favores donde se absuelve violadores, se perdona a corruptos y se compran puestos en el Poder Judicial.

Las salidas a esta situación dependerán de nosotros mismos y de la capacidad de organizarnos políticamente para construir propuestas alternativas a la política tradicional, que no ha permitido ni permitirá, que nos desarrollemos como sociedad. El jueves 19 tenemos la convocatoria a una nueva marcha; participemos y contribuyamos a que esa indignación que sentimos diariamente no se quede en un proceso de normalización y, por el contrario, nos llame a la reflexión y acción.

desco Opina – Regional / 16 de julio de 2018

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