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Foto: desco

A pocas semanas de haberse realizado en la ciudad de Quito la tercera conferencia mundial Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), nuevamente apreciamos que esta importante cita mundial nos deja insatisfechos (como ocurre con otras conferencias mundiales similares). Particularmente en este caso encontramos que en anteriores cumbres mundiales, el grado de consenso y de acuerdo propiciados por las Naciones Unidas entre los gobiernos y la sociedad civil llegaron a mejor puerto.

ONU HÁBITAT convocó hace dos años a todos los gobiernos miembros de la Naciones Unidas, incluido el gobierno peruano, a prepararse para este importante foro para dar cara al proceso de urbanización y expansión de las ciudades a nivel global. Se destacaron datos que evidenciaron la emergencia del crecimiento y el desborde de las ciudades que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como daban cuenta de las precarias condiciones de habitabilidad que soportan las mayorías pobres del mundo.

En nuestro caso los retos están por el lado de la ocupación precaria, excluyente y desordenada de las ciudades, marcadas por procesos de migración del campo a la ciudad en contextos de crisis económica, ambiental y de desplazamiento forzoso, entre otros. Son problemas que el Perú afronta por décadas, incluso mucho antes de que se iniciaran las conferencias mundiales sobre Hábitat en 1976, (Hábitat I en la ciudad de Vancouver – Canadá). De acuerdo al INEI en 1975 la población nacional era 15 161 200 habitantes, se distribuía en un 62% urbana y 38% rural. En cuarenta años hemos duplicado la población, pues de acuerdo a cifras del Banco Mundial el 79% de la población nacional vive en zonas urbanas frente a un 21% habitando en zonas rurales. Esta situación de nuestros habitantes plantea grandes desafíos para atender las necesidades tanto en vivienda, como en infraestructura, transporte y la provisión de servicios básicos por mencionar algunas demandas de las ciudades peruanas para alcanzar un estándar de vida adecuado para sus residentes.

El informe presentado por el gobierno peruano al Hábitat III – escasamente difundido y menos publicitado –  es un documento técnico que penosamente no aporta novedad ante una realidad informe-nacionalconocida y sufrida por los peruanos en nuestras ciudades grandes medianas o pequeñas.  Hemos sido testigos de cómo han participado en el Hábitat III algunos de sus autores y allí representantes del gobierno peruano. Han mostrado al mundo un Perú en el que la atención de la problemática urbana y territorial señalada solo existe en sus informes o en una dimensión desconocida que no hemos podido encontrar para la elaboración de esta nota.

Para graficar nuestra inquietud quisiéramos una vez más que se responda desde el Estado si es que se brinda realmente atención a las demandas de vivienda de los sectores pobres del país o de los niveles C y D, como recurrentemente denominan los funcionarios del gobierno a este mayoritario grupo poblacional peruano. Sabiéndose de las constantes invasiones y ocupaciones de terrenos en zonas de alto riesgo que diariamente ocurren en nuestras ciudades, ese sector de población –de familias pobres y en extrema pobreza– no es atendido por la política pública, y que en algunos pocos casos recibe escasos recursos públicos, tan pocos que además se acaban antes de finalizar el año fiscal correspondiente. Esto ocurre, por ejemplo, con el Bono Familiar Habitacional, que constituye migajas comparado con los recursos que se destinan al Fondo Mi Vivienda para atender a otros sectores, que hasta han podido hacer un enroque en medio de la crisis de las AFP para que sus aportantes que no poseen viviendas puedan iniciar los pagos para adquirirla. Al leer el informe nacional también nos preguntamos, ¿por qué razones el Estado insiste en la política de entrega de títulos de propiedad individual, cuando lo que se requiere en nuestras ciudades es promover habilitaciones urbanas de calidad y trabajar en la planificación territorial para organizar el acceso y gestión del uso del suelo, de modo que algún día pueda aspirarse a ser un país del primer mundo e ingresar a la OCDE.

El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski parece no haber tomado nota de la ocurrencia de Hábitat III, ninguno de sus voceros principales ha informado que los gobiernos del mundo (incluido el del Perú) acaban de aprobar la Nueva Agenda Urbana que contiene lineamientos para desarrollar herramientas que podrían ser la clave para enfrentar los retos del desarrollo urbano y maximizar las oportunidades que las ciudades ofrecen. Esto es, un nuevo marco internacional para promover un modelo de desarrollo urbano capaz de integrar los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.  Sordo y ciego a este llamado de la comunidad internacional, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento expresó la semana pasada que su prioridad es dar agua al 100% de la población y que para ello se reducirá el presupuesto para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Es innegable, por cierto, la importancia de dotar de servicios básicos a la población, pero también es estratégico y sumamente importante contar con políticas publicas financiadas e integrales que permitan atender la amplia problemática de las ciudades, la gestión territorial y el acceso a un hábitat urbano y rural adecuados. Incluso consideramos que sería oportuno colocar en agenda pública la necesidad de contar con un Ministerio de las Ciudades que apunte a que la gestión territorial nacional supere las visiones fragmentadas de la acción estatal.

El Perú requiere una gestión eficiente de nuestras ciudades y el territorio, y con ese propósito promover y asegurar un modelo que proteja los derechos humanos al hábitat, es decir el acceso a suelo y vivienda en lugares adecuados para la demanda de las nuevas familias en terrenos habilitados y preparados para  el desarrollo humano. Corresponde al Estado (central, regional y/o metropolitano) jugar un rol fundamental para implementar dichas políticas y programas que garanticen el acceso a un hábitat seguro y saludable para las mayorías.  ¿Cómo podremos ser competitivos y afrontar los constantes y diversos retos que nos plantea la globalización si somos incapaces de garantizar un crecimiento inclusivo de las ciudades que amengüe las desigualdades entre nuestros ciudadanos en el acceso a los beneficios del desarrollo urbano?

Sin políticas públicas claras y decididas será imposible evitar la segregación espacial (económica, social y cultural incluidas) que soportamos en nuestras ciudades costeras, andinas y amazónicas cargadas de la riqueza desperdiciada de nuestra diversidad cultural, en tanto no se promuevan procesos de integración y articulación social, económica y cultural que progresivamente corrijan, para empezar, el hipercentralismo histórico de Lima.

 

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