Los desastres ocasionados por los efectos del fenómeno El Niño en el país y sentidos con fuerza este año en Lima Metropolitana han evidenciado una vez más la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de las gestiones municipales, los gobiernos subnacionales y del propio Gobierno Central.

Insistir en caracterizar el crecimiento desordenado y la expansión irracional de las áreas urbanas en el Perú no es una novedad, sino más bien una redundancia. El acceso de los habitantes de las urbes al disfrute de los beneficios de servicios como educación, salud, justicia, etc. que ofertan las ciudades es un hecho, pero paradójicamente también, las ciudades expresan otras formas de concentración que las hace casi insufribles como ocurre con el tema del transporte y las malas gestiones municipales.

Si focalizamos nuestra reflexión en el campo municipal, advertimos que muchos medios de comunicación han hecho eco de los llamados de ayuda tanto de los ciudadanos afectados como de las autoridades municipales, sin establecer las necesarias diferencias. Y es que una cosa es que un ciudadano damnificado pida atención de emergencia en su calidad de damnificado, y otra muy diferente que sea una autoridad municipal la que actúe como si fuera un ciudadano común, sin asumir su responsabilidad en la gestión del territorio que por función le corresponde como autoridad y principal responsable de defensa civil en su ámbito de administración.

Nuestros municipios no han defendido y mucho menos cautelado los derechos de los ciudadanos. Es muy penoso tener que recordar, en el caso de Lima Metropolitana, que la primera responsabilidad del alcalde, al igual que la de cualquier otra autoridad local del país es “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Algo que evidentemente no ha ocurrido ante los efectos del fenómeno El Niño que golpea al país desde principios de año.

De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se registran ya más de 80 muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos y más de cien mil damnificados por efecto de los desastres en el país, sin que las autoridades de muchas de las circunscripciones afectadas asuman su responsabilidad y cuota de falta. Ante esta lenidad, ya es hora de legislar duramente al respecto y establecer sanciones penales que castiguen a las autoridades que lejos de defender el bien común de sus municipios y de los ciudadanos que los eligieron, se comportan como comentaristas, o como damnificados sin compromisos y responsabilidades que cumplir. Eso, por no abundar en los temas de corrupción generalizada que han llevado a que el propio presidente de la República se niegue a hacer una declaratoria nacional de emergencia, sabedor como muchos de nosotros, que la exoneración de controles se convierte en una compuerta abierta a los malos manejos y corrupción extendida, tal como ocurrió durante el último gobierno del APRA en el proceso de reconstrucción en el sur del país, luego del terremoto del año 2007.

Vivimos en un país que aspira a fortalecer su democracia, en el que la ley nos faculta a que nuestras autoridades libremente elegidas rindan cuentas y sean transparentes en sus actos de gobierno, informando cómo se gastan los recursos públicos y con qué criterios, en este caso, se gestiona nuestra ciudad. Es tiempo de actuar, y por eso queremos invitar a suscribir la iniciativa ciudadana Habla Castañeda! como respuesta a la burla sistemática de la política de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ocultando información de carácter administrativo sobre la gestión de los recursos públicos. Los ciudadanos de Lima y no solo la Contraloría General de la Republica requerimos acceder a la información que la Municipalidad Metropolitana de Lima esconde y disimula. Reiteramos nuestro derecho a exigir la rendición de cuentas (mecanismo de control ciudadano regulado por la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano en sus artículos 31° al 36°), para que los ciudadanos promotores presenten un pliego de preguntas que deberán ser contestadas por la autoridad interpelada.

Al acreditar la adhesión de 25 000 ciudadanos ante la ONPE, la autoridad sometida a control (en este caso el señor Castañeda), está obligada a publicar el pliego de preguntas y las respuestas a éste en la página institucional de la MML en un plazo máximo de 60 días hábiles. Si el alcalde decidiera no contestar, podría ser procesado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad regulado por el artículo 368° del Código Penal.

Desde el Programa Urbano de desco los invitamos a participar de la campaña, a juntar firmas y entrar en contacto con los organizadores para decirle al alcalde de Lima, Habla Castañeda!

desco Opina – Regional / 24 de marzo de 2017

Programa Urbano

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